Hace un tiempo que me aventuré a decir que los cines seguirían en la debacle a los videoclubs. Y la verdad, lo hice sin apoyarme más que en mi poca intuición y en la experiencia que me proporciona mi círculo de amistades.
No es que sea pájaro de mal agüero. Es que el cine es caro. Y para pagar lo que piden, pues miren, me quedo en casa e invito a los amigos a que vengan. Y me lo bajo de Internet, que es gratis.
El viernes Juan me envió una hojita de cálculo con datos sobre la taquilla española. Y confirmado: van bajando. No me he entretenido en comprobar de dónde vienen los datos. Si vienen de Juan, ojo, que son datos. Y Juan trabaja, entre otras cosas, dando datos fiables.
Recibo un boletín de Microsoft que va dirigido a ilustrar a las empresas en diferentes aspectos. Llego a leer el siguiente título: “La directiva de privacidad: proteja a sus clientes con una directiva de privacidad segura”. Lo firma un tal Jeff Wuorio. Da siete directrices para “ayudar a desarrollar una directiva de privacidad sólida, o posiblemente, mejorar la que se tenga”.
En cuanto comienzas a leer te das cuenta de que el articulito del boletín de Microsoft ha sido un “copia, traduce y pega” del inglés. Los “yankees” nos han descubierto a nosotros en pleno siglo XXI. ¿Por qué demonios utilizamos estas americanadas?
Muchas webs de empresas españolas siguen todavía con un enlace titulado “política de privacidad”, o algo parecido, y cuando se selecciona, se puede leer un largo párrafo que habla sobre protección de datos y lo mucho que se respetan los derechos de los usuarios. Y con eso creen que cumplen.
Ni es necesario tener esa “política de privacidad” ni se cumple con la normativa de protección de datos con ella. El sistema español es más exigente: en una web hay que colocar con precisión la información a que obliga la LOPD en lugares determinados. El resto es literatura.
La SGAE demandó a la Asociación de Internautas (caso www.putasgae.org), logrando que esta última fuera condenada al pago de 36.000 euros y a retirar los contenidos publicados en su contra. La sentencia se halla recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Fiscal del Tribunal Supremo, Félix Herrero, sostiene que los prestadores de servicios de la sociedad de la información son responsables de los contenidos que se alojan en sus servidores, y que si no ejercen un control sobre estos contenidos, incurren en responsabilidad solidaria. Ha realizado un informe donde se apoya que sea el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien fije la jurisprudencia sobre la interpretación de la Directiva de Comercio Electrónico.
Si un prestador de servicios es responsable por opiniones ajenas… se convertirá en censor so pena de ser castigado por ellas. ¿Llegaremos a la censura previa? Las sociedades de gestión de los derechos de autor están empeñadas en ello.
