La reacción de Google no se ha hecho esperar: en menos de 15 días ha sido capaz de poner a disposición de los usuarios un formulario en línea para que puedan ejercer ese dichoso derecho que se ha dado en llamar “derecho al olvido”, cuando realmente se trata de un derecho de oposición. Tal y como lo ha llamado Google, mejor decir “derecho a la retirada de resultados”, porque me parece que olvidar, lo que es olvidar…
Tal y como predije, han automatizado el proceso de solicitud. La mentalidad “useña”, bastante más práctica que la europea, está acostumbrada a solucionar problemas con mayor rapidez. La ingente información que maneja la empresa hace necesaria esa automatización, al menos para recibir las solicitudes. Ya tienen experiencia con la retirada de contenidos protegidos, así que no les costará mucho realizar este trabajo.
No han dado un plazo de resolución, pero suponemos que deben aplicar los 10 días de la normativa española. Revisarán cada petición de forma individual, y han nombrado un comité de expertos, entre los que está incluido nuestro compatriota don José Luis Piñar Mañas. Este comité revisará los casos más controvertidos:
- Frank La Rue, Relator especial de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU
- Peggy Valcke, Profesora de Derecho en la Universidad de la Lovaina
- José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo del CEU-San Pablo
- Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia
- Luciano Floridi, profesor de filosofía y ética de la Información del Oxford Internet Institute
No hace mucho leía a Jules Polonetsky (Future of Privacy Forum), que bromeaba en su perfil de Linkedin con la creación de un nuevo puesto de trabajo en Google, “Decider in Chief”. Este puesto estaría reservado para una persona que se dedicaría a fijar la política a seguir por un equipo de “revisores” que tendría que vérselas con millones de peticiones… Pues ahí lo tenemos. De momento no ha habido una avalancha de tal calibre, pero recibir 12.000 peticiones el primer día en el que se abre el cuestionario no está nada mal. Hoy he leído que llevaban unas 40.000.
Ya veremos lo eficaz que es el sistema. De momento, como bien cuenta David González, no permite al peticionario probar el contenido de su solicitud, ni tan siquiera se informa de la recogida de datos, y hasta se prevé comunicar a la web donde está el dato publicado la petición del afectado… ¿será ésto el cuento de nunca acabar?
